El Gobierno del presidente Trump demandó el martes a Google en lo que constituye el caso antimonopolio más grande contra una empresa de tecnología en más de dos décadas.

En su demanda, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) hace acusaciones aplastantes en el sentido de que Google ha sofocado la competencia para mantener su poderosa posición en el mercado de búsquedas en línea y publicidad basada en búsquedas.

Once estados (Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Carolina del Sur y Texas) se unieron a la demanda, según el documento.

La denuncia se centra en una serie de acciones entrelazadas de Google que, en su conjunto, supuestamente perjudicaron a la competencia e impidieron que los rivales obtuvieran una audiencia significativa.

Detalles de la denuncia del Departamento de Justicia

La denuncia alega en parte que Google paga miles de millones de dólares al año a fabricantes de dispositivos como Apple, LG, Motorola y Samsung y a desarrolladores de navegadores como Mozilla y Opera para ser su motor de búsqueda predeterminado. Y, en muchos casos, para prohibirles tratar con los competidores de Google. Como resultado, «Google posee efectivamente o controla los canales de distribución de búsqueda que representan aproximadamente el 80% de las consultas de búsqueda generales en Estados Unidos».

Los funcionarios del DOJ no descartaron una disolución de Google en una llamada con periodistas el martes.

«No hay nada fuera de consideración», dijo el vicesecretario de Justicia adjunto, Jeffrey Rosen, quien advirtió que si el DOJ no presentaba una demanda ahora, «podríamos perder la próxima ola de innovación». Además dijo que «los estadounidenses podrían no llegar a ver nunca el próximo Google».

Google responde a la demanda

«La demanda presentada hoy por el Departamento de Justicia tiene muchos defectos», escribió Kent Walker, vicepresidente sénior de asuntos globales y director legal de Google, en una publicación de blog. «La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas», argumentó.

La publicación afirma que la denuncia «se basa en argumentos antimonopolio dudosos» que «no ayudarían en nada a los consumidores».

«Al contrario, apuntalaría artificialmente alternativas de búsqueda de menor calidad, elevaría los precios de los teléfonos y dificultaría que las personas obtengan los servicios de búsqueda que quieren utilizar», escribió Walker.

Google dijo que su práctica de pagar para ser el motor de búsqueda predeterminado en teléfonos inteligentes como el de Apple «no es diferente» de las acciones de otras empresas para promocionar sus productos. «De la misma manera que una marca de cereales podría pagar a un supermercado para que almacene sus productos al final de una fila o en un estante a la altura de los ojos», explicó.

La demanda llega luego de los cuestionamientos del Congreso

Rosen dijo que la demanda de Google representa un «hito». Sin embargo, afirmó que no es el final de la amplia revisión del DOJ de la industria tecnológica. Y dijo que se podrían presentar otras demandas «cuando sea necesario».

La histórica demanda federal sigue a una investigación antimonopolio de un año por parte del DOJ. Y se produce justo antes de una elección en la que las plataformas tecnológicas han estado bajo escrutiño por su impacto en la democracia y los pequeños negocios. También se produce inmediatamente después de un importante informe del Congreso que concluye que Google y otros gigantes tecnológicos disfrutan de un «poder de monopolio». Y que han ejercido su dominio de manera anticompetitiva. Ese informe alega que Amazon ha maltratado a vendedores y que las tarifas y políticas de la tienda de aplicaciones de Apple son anticompetitivas. También que Facebook ha buscado eliminar a futuros rivales mediante adquisiciones específicas.

Investigaciones estatales

Docenas de estados han estado realizando una investigación antimonopolio separada sobre Google durante el año pasado. El martes, varios de ellos dijeron que pretenden cerrar esa investigación «en las próximas semanas». Y que si presentan una demanda, podría fusionarse con el caso federal.

«Apreciamos la fuerte cooperación bipartidista entre los estados y la buena relación de trabajo con el DOJ en estos temas serios», dijo el grupo multiestatal. El grupo incluye a Colorado, Iowa, Nebraska, Carolina del Norte, Tennessee y Utah. «Este es un momento histórico para las autoridades antimonopolio federales y estatales, mientras trabajamos para proteger la competencia y la innovación en nuestros mercados de tecnología», agregó.

La demanda del DOJ contra Google marca el paso más importante que ha tomado el Gobierno de Estados Unidos para hacer que Silicon Valley rinda cuentas después de que Washington dio un giro dramático contra la industria tecnológica. Esto, tras la evidencia de que las principales plataformas de redes sociales fueron manipuladas por esfuerzos de injerencia extranjera en las elecciones de 2016. Desde entonces, los altos ejecutivos de las principales plataformas tecnológicas han sido llevados repetidamente ante el Congreso. Allí han enfrentado preguntas sobre sus responsabilidades en relación al discurso político; contenido de odio e información errónea; pequeños negocios y periodismo local; y competencia.

Riesgo para el negocio del gigante tecnológico

El caso que se avecina podría representar un riesgo sin precedentes para el negocio de publicidad más amplio de Google, que generó US$ 134.800 millones en ingresos el año pasado. Esto representa el 84% del negocio total de Google.

Incluso mientras el Departamento de Justicia lleva a Google a los tribunales por preocupaciones antimonopolio, otros en la industria tecnológica podrían enfrentar demandas de magnitud similar. Los funcionarios de la Comisión Federal de Comercio han estado investigando a Facebook durante más de un año, y esa investigación podría culminar en su propio litigio histórico.

La demanda de Google también simboliza las crecientes críticas, particularmente de excandidatos presidenciales demócratas –incluidas las senadoras Elizabeth Warren y Amy Klobuchar– contra los niveles históricos de desigualdad económica y concentración empresarial en Estados Unidos.